Andrés Rodríguez González Noviembre 23rd, 2012
Jaque Mate a los Merinos Norte por la insuficiencia de abastecimiento de agua.
Según informa la revista El Observador en su número del día 21 de noviembre, la sentencia 2702/12 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estima la demanda del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro y Ecologistas en Acción y “anula y deja sin efecto” el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo que aprobó el plan parcial de Merinos en 1995 y que, diez años después, en 2005, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El TSJA estima los informes de la Consejería de Medio Ambiente advirtiendo sobre las afecciones a los sistemas hídricos de este macrocomplejo urbanístico que tenia proyectados tres campos de golf, varios hoteles y 800 viviendas en una zona considerada como Reserva de la Biosfera y deniega la concesión de aguas solicitada por sus promotores, sin que estos dictámenes puedan ser sustituidos por los que realizó después el Ayuntamiento de Ronda avalando dicho abastecimiento. Con la construcción de la urbanización paralizada (“ralentizada en idioma de promotores y allegados”) por la crisis desde 2008, y con el exalcalde de Ronda que dio alas al proyecto, Antonio María Marín Lara, imputado en la operación Acinipo contra la corrupción (entre otros asuntos por este de Merinos) los promotores de la empresa catalana Copisa han pagado 14 millones de euros al Ayuntamiento de Ronda por un desarrollo urbanístico que ahora el alto tribunal andaluz ha tumbado.
El alto tribunal andaluz ha venido a reconocer con esta sentencia las cuestiones por las que desde sus orígenes el proyecto los Merinos Norte, en plena Serranía de Ronda, ha contado con una intensa oposición social. Por encima de todo, el de Merinos es un problema de agua. El PGOU de Ronda de 1995 fue pergeñado por el arquitecto José Seguí y el alcalde socialista Juan Fraile. Aquel plan dibujó como urbanizables unos terrenos aislados, situados a 15 kilómetros del casco urbano de la ciudad, en una privilegiada dehesa de encinas, sobre un acuífero, a unos mil metros de altura y justo en el límite del término municipal de Ronda con la localidad vecina de Cuevas del Becerro. De esta manera, un terreno protegido enclavado en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves se convirtió en objeto de deseo de los especuladores gracias a una decisión política. Los desarrollos urbanísticos previstos no tuvieron en cuenta un suministro básico, el agua. Como pusieron en evidencia los informes oficiales de Cuenca Mediterránea (en aquel entonces Confederación Hidrográfica del Sur) de la Consejería de Medio Ambiente, además de estudios como el realizado por expertos de la UNESCO o la Universidad de Oviedo, el acuífero sobre el que se pretende levantar el gigantesco proyecto hotelero y residencial corría peligro, y tanto la calidad como el suministro hídrico de poblaciones y pedanías aledañas se vería afectado de llevarse a cabo. Sea dicho que por informar de cuestiones como estas, muchas personas de la Serranía fuimos perseguidos y multados, entre otros el director y el redactor jefe de EL OBSERVADOR fueron acusados por los promotores del complejo de un delito de calumnias e injurias por el que se les exigía seis millones de euros. La querella fue archivada.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente cuyo delegado en Málaga entonces era Ignacio Trillo, denegó la captación de agua del acuífero del que se nutre Cuevas del Becerro. Pero aquello no impidió que el regidor rondeño, Marín Lara, entonces militante del PA, sacara adelante el convenio con los promotores y el Ayuntamiento de Ronda avalara el abastecimiento hídrico de la macrourbanización. Sin duda ese posicionamiento de Trillo en contra del proyecto, le costó el puesto.
Pese a las protestas de los vecinos de Cuevas del Becerro y Ronda, las obras comenzaron. Se movieron toneladas de tierras, se abrieron carriles. Se talaron miles de encinas. PP, PA y parte del PSOE de Ronda movilizaron a sus bases en Ronda en defensa del proyecto con pancartas que rezaban “Golf si”… y sólo las malas perspectivas económicas paralizaron en 2008 las construcciones previstas. Desde entonces hasta ahora, la constructora catalana Copisa, principal promotora de las obras, ha ido abonando las cuotas del canon fijado en el convenio y ya son 14 millones lo que ha recibido de los Merinos el Ayuntamiento de Ronda. Pero primero un informe del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga y después el desarrollo de la operación Acinipo contra la corrupción en Ronda volvieron a poner en la picota el controvertido plan.
Lentamente la Justicia ha seguido su camino, y la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro (cuando estaba gobernado por Izquierda Unida) ha ido siguiendo su curso hasta llegar a esta sentencia del TSJA, que con esta decisión respalda las tesis de los detractores del proyecto: primero la invalidez formal como que la decisión administrativa de aprobar este plan parcial en 1995 no fue publicada en el BOE hasta diez años después y segundo y fundamental la insostenibilidad del suministro hídrico, cuestión esta sobre la que prevalece, por encima de la postura de un ayuntamiento, la del gobierno regional.
¿Qué pasará ahora?. La sentencia viene a significar que el proyecto de Merinos si es que se quiere llevar a cabo, debe empezar de cero, con una nueva redacción y necesita, de un nuevo plan parcial, que también debe ser aprobado. Estos pasos administrativos unidos a la coyuntura económica hacen prever que la finca seguirá como está hasta ahora. Y será la actual corporación la que tenga que lidiar con el presumible litigio, compensación o devolución del dinero recibido de los promotores.
Los que siempre hemos estado en contra del macroproyecto nos hemos levantado este día con la feliz noticia de que llevábamos razón y que el litigio contra la macrourbanización de Merinos Norte, ha sido eliminado, por fin, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sin la presión constante de los movimientos sociales y de los pueblos concernidos no habría sido posible este éxito. Recibimos una inyección de ánimos para seguir en otras luchas.
Lo ideal para los habitantes de Ronda sería pedirles daños y perjuicios a los promotores de Merinos y a los alcaldes de Ronda implicados. No olvidemos que el anterior alcalde llegó a proponer que el agua de la depuradora de Ronda fuera llevada por medio de tuberías hasta el macroproyecto, otra barbaridad más: Llevar agua contracorriente desde los 600 metros de altitud donde se encuentra la depuradora hasta los 1.000 m de altitud donde se encuentra la finca Merinos Norte, y a varios decenas de Kms de distancia, además de que el agua residual que sale de la depuradora de Ronda tiene un tratamiento secundario que la hace que no sea útil para el riego ya que el agua de riego procedente de depuradoras ha de tener un tratamiento terciario para poder usarse en ese fin.
La persistencia del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ronda en su capacidad de dar suministro de agua a Merinos, en recurrir la sentencia y en echar la culpa de la situación de deterioro económico a los ecologistas, demuestra que no saben o no quieren enterarse de a donde se ha derivado el dinero entregado por Copisa, quien está encausado en el caso Acinipo y que son los acuiferos, es decir no quieren enterarse de nada.
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